por Sammer Ahmad, Director de la Oficina del Auditor General de Pakistán
La corrupción, el abuso de la autoridad pública o de la confianza para beneficio privado -según la definición de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)- adopta diversas formas y comportamientos, como el soborno, la malversación, la extorsión, el fraude, las comisiones ilegales, el hurto, la falsificación de documentos y el robo.
La corrupción impide el desarrollo de un país al debilitar las instituciones públicas y generar desconfianza en la sociedad. El Foro Económico Mundial calcula que la corrupción en el mundo cuesta 2,6 billones de dólares al año.
La fórmula que permite el comportamiento corrupto suele incluir la falta de rendición de cuentas, lo que sitúa a los auditores en una posición única para ayudar a combatir la corrupción, sobre todo teniendo en cuenta sus funciones de supervisión y presentación de informes sobre el cumplimiento de las organizaciones.
Según la Encuesta Global 2014 de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), muchas Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) “se enfrentan a retos considerables en el cumplimiento de los mandatos para prevenir, detectar e informar sobre la corrupción.”
Uno de esos retos: la falta general de diálogo sobre la corrupción en relación con la auditoría. La investigación muestra que muchos libros de texto notables dedicados a la auditoría (como campo de estudio) omiten examinar exhaustivamente la corrupción. Según se informa, algunos no incorporan el tema en absoluto. Además, una revisión de las principales obras académicas financieras sobre auditoría demuestra que, aunque los auditores reconocen en gran medida la responsabilidad de detectar el fraude material, siguen siendo reacios a incluir explícitamente la corrupción en el concepto general de fraude, quizás debido a las diferentes definiciones y a la ausencia de vínculos conceptuales claros.
Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 1240, “Responsabilidades del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros”, sostienen que los auditores financieros del sector público están obligados a permanecer alerta a lo largo de toda la auditoría, concretamente ante la aparición de fraudes. Las Normas Internacionales de Auditoría 240 (homóloga de la ISSAI 1240 emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento) definen el fraude y mencionan brevemente el término “comisiones ilegales” como ejemplo de apropiación indebida de activos. Ambas normas no hacen referencia al concepto más amplio de corrupción.
Una consecuencia potencial: la falta de debate sobre la corrupción o sus formas o comportamientos puede dar lugar a expectativas deficientes para los auditores a la hora de evaluar los riesgos de corrupción al planificar y ejecutar las auditorías.
Otro reto: desarrollar y aplicar mecanismos para combatir la corrupción. Teóricamente, la fiscalización puede desempeñar dos papeles diferentes en la lucha contra la corrupción: detección y prevención. Estas funciones están en parte interrelacionadas, ya que la detección de la corrupción puede disuadir de futuros casos. La prevención de la corrupción puede reducir las necesidades de detección.
Lo óptimo sería emplear una combinación de técnicas, y la comunidad mundial de rendición de cuentas puede ayudar a mejorar las capacidades anticorrupción:
- Incorporar más ampliamente el concepto de corrupción en todas las normas internacionales;
- Proporcionar autoridad formal que permita a los auditores detectar la corrupción y colaborar con los organismos de investigación;
- Garantizar que los auditores aborden ambos extremos de las actividades corruptas (dador y receptor) potenciando los esfuerzos de cooperación;
- Desarrollar mejores técnicas de detección, como la obtención de información a través de distintos tipos de auditores, así como de los medios de comunicación;
- Diseñar y revisar los procedimientos de auditoría para abordar los riesgos de corrupción, especialmente a medida que se identifican nuevos casos; y
- Establecer medidas preventivas contra la corrupción que se centren en el “sistema” de corrupción, como establecer políticas que prohíban a los empleados solicitar o aceptar regalos o favores de clientes o proveedores; implantar un proceso de aprobación previa de proveedores; desarrollar indicadores de rendimiento bien articulados y mensurables; y crear capacidades para supervisar las tendencias de precios e investigar variaciones significativas de precios entre licitadores.
Aunque la investigación indica una necesidad general de mejorar el diálogo y la acción para combatir más eficazmente la corrupción (en todas sus formas), INTOSAI ha abordado ampliamente la lucha contra la corrupción a través de acciones como:
- La publicación de la ISSAI 5700, “Directriz para la fiscalización de la prevención de la corrupción”;
- El lanzamiento del Grupo de Trabajo de INTOSAI sobre la Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Dinero (WGFACML); y
- Continuación de la colaboración con organismos de las Naciones Unidas.
La corrupción obstaculiza el desarrollo nacional, perjudica el rendimiento, la reputación y la credibilidad de los servicios públicos, compromete la prestación de servicios y causa dificultades a los ciudadanos. Las EFS son vitales en la lucha contra la corrupción al informar y hacer públicos los resultados de las auditorías y contribuir a una cultura de transparencia.
Definir, integrar y concienciar más eficazmente sobre la corrupción incorporando conceptos clave en las normas de auditoría, fomentando el uso de diversas herramientas y técnicas de supervisión anticorrupción y desarrollando medidas preventivas, puede mejorar la contribución de las EFS a la lucha contra la corrupción y añadir valor a los gobiernos y a los ciudadanos a los que sirven.
