Por primera vez, las autoridades del Estado deberán presentar una declaración jurada ante la Contraloría General de la República del Perú sobre sus vínculos personales, familiares, laborales, económicos y financieros, a fin de identificar y evitar posibles conflictos de intereses. Esta medida contribuirá a garantizar la transparencia, independencia y objetividad de quienes se desempeñan en la administración pública.
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