por Thanh Hai VU, Director General del Departamento de Asuntos Jurídicos, y Duong Tan CAO, Jefe de la División Bilateral de la Oficina Estatal de Auditoría de Vietnam
Introducción
Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) desempeñan un papel fundamental a la hora de confirmar que los controles del gasto público funcionan correctamente y de recomendar cómo pueden actuar las organizaciones del sector público de forma más eficiente y transparente. También proporcionan a los ciudadanos la confianza de que los gobiernos utilizan los recursos públicos de forma que se maximice su valor y se obtengan resultados. Sin embargo, las EFS tienen dificultades para infundir esa confianza si no son independientes.
Desde su creación hace casi 30 años, la Oficina Estatal de Auditoría de Vietnam (SAV) se ha ido haciendo progresivamente más independiente, de acuerdo con los principios de la Declaración de Lima de 1977, la Declaración de México de 2007 y, más recientemente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El camino de SAV hacia la independencia ha implicado consideraciones tanto jurídicas como prácticas.
La independencia de la SAV le ha ayudado a desempeñar un papel cada vez más importante en el desarrollo de la nación y la integración internacional, sobre todo a la hora de garantizar unas finanzas públicas transparentes y sostenibles. La SAV también ha intensificado sus esfuerzos para contribuir de forma más sustantiva a la comunidad regional e internacional de auditoría pública. La SAV se enorgulleció de ser uno de los cofundadores de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEANSAI) en 2011, y de 2018 a 2021, ha ocupado la presidencia de la Organización Asiática de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ASOSAI).
Independencia jurídica
La importancia de una auditoría gubernamental independiente se reconoció por primera vez en la Declaración de Lima de 1977. Los principios básicos esbozados en la Declaración de México sobre la Independencia de las EFS de 2007 incluían la necesidad de una “independencia de jure” a través de un marco constitucional, estatutario y legal.
Como muchas otras EFS, la independencia jurídica de la SAV ha sido un arduo camino (véase la figura 1). En su primera década, la SAV fue una agencia del poder ejecutivo bajo el control directo del Primer Ministro. La SAV se convirtió en una agencia independiente cuando se aprobó la primera Ley de Auditoría del Estado en 2005. La ley estipulaba que la SAV era una agencia estatal independiente de inspección financiera establecida por la Asamblea Nacional, y que debía actuar estrictamente de acuerdo con la ley. La SAV se encargó de realizar auditorías financieras, de cumplimiento y de rendimiento de todos los departamentos y organizaciones del país que utilizan el presupuesto, los recursos y los activos públicos.
En 2013, el estatuto jurídico de la SAV y del Auditor General quedó consagrado por primera vez en la Constitución de Vietnam. Al igual que la Ley de Auditoría del Estado, la Constitución estipulaba que la SAV era un organismo independiente creado por la Asamblea Nacional, que debía atenerse exclusivamente a la ley.
La Constitución también reforzó la independencia y el funcionamiento de la SAV; especificó el estatus legal, las funciones, los poderes y la organización de la SAV; e identificó claramente las responsabilidades de las agencias, organizaciones, unidades y personas asociadas a la SAV. Por ejemplo, la Constitución especificaba que el Auditor General era el jefe de la SAV y responsable ante la Asamblea Nacional del funcionamiento de la agencia.
La Ley de Auditoría del Estado se modificó en 2015 y 2019 para crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles y en todos los ámbitos, de conformidad con la Constitución; otras leyes, como la Ley de Presupuestos del Estado y la Ley Anticorrupción; y la Declaración de Hanoi de 2018 de la ASOSAI sobre Auditoría Medioambiental para el Desarrollo Sostenible.
Lograr la independencia práctica
Aunque las disposiciones constitucionales y legales formales son importantes, la independencia de las EFS implica mucho más que un conjunto de normas. También es esencial que las EFS ejerzan lo que la Declaración de México denomina independencia “de facto” o práctica, que tiene dimensiones organizativas, funcionales y financieras.
Independencia organizativa. El Auditor General es el jefe de la SAV y es elegido por la Asamblea Nacional para un mandato de cinco años. El Auditor General Adjunto es nombrado y puede ser destituido por una Comisión Permanente de la Asamblea Nacional. Los Departamentos de Auditoría Especializados y las Oficinas Regionales de Auditoría están dirigidos por Directores Generales, que son nombrados y pueden ser destituidos por el Auditor General. Actualmente, la SAV tiene 32 Departamentos y Oficinas Regionales, con unos 2.500 empleados; todos los auditores tienen un título universitario o superior. Las competencias del personal, así como los requisitos de formación profesional, refuerzan la autonomía operativa de SAV.
Independencia funcional. La SAV elabora su plan de auditoría de forma independiente, aplica métodos de auditoría, realiza auditorías e informa de los resultados a la Asamblea Nacional. Los auditores de la SAV tienen derecho a acceder a la información y los documentos que entran en el ámbito de las auditorías. La SAV mantiene buenas relaciones con los organismos legislativos, ejecutivos y judiciales, y colabora con los medios de comunicación para informar al público sobre sus actividades. En 2016, en un esfuerzo por normalizar las prácticas nacionales de auditoría pública, la SAV publicó un conjunto de 39 normas de auditoría del sector público basadas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.
Independencia financiera. La SAV dispone de los recursos necesarios para sus actividades, pero estos recursos siguen estando sujetos a la intervención del Ministerio de Hacienda. La Ley de Auditoría del Estado estipula que la SAV determinará sus costes operativos y los remitirá al Gobierno para su síntesis, previa decisión de la Asamblea Nacional. En teoría, este requisito podría afectar al presupuesto de SAV, y podría ser una cuestión a examinar en el momento de futuras revisiones de las leyes de Auditoría y Presupuestos del Estado.
En resumen, la SAV goza ahora de independencia jurídica y práctica, y la está ejerciendo para supervisar eficazmente el uso de los fondos y bienes públicos. A través de sus auditorías, la SAV apoya a la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares a todos los niveles y ha contribuido a combatir la corrupción, las pérdidas y el despilfarro; a detectar y prevenir las infracciones de la ley; y a ayudar a los organismos gubernamentales a lograr una mayor eficiencia.
El camino a seguir: Independencia sostenible y ODS 16
Alcanzar una independencia sostenible es un proceso, no un producto, y ese proceso tiene tanto hitos como obstáculos. Por este motivo, es esencial que las EFS velen por su independencia, manteniendo su relevancia, ofreciendo garantías a las partes interesadas y adaptándose a las condiciones cambiantes. Al igual que los gobiernos adoptan nuevas formas de prestar servicios, las EFS deben seguir siendo flexibles en su forma de realizar las auditorías. Las EFS también deben estar preparadas para proponer nuevas competencias legales, cuando sea necesario, como el derecho a auditar el flujo de fondos públicos.
La independencia sostenible es un elemento clave en los esfuerzos para alcanzar el ODS 16, que pide “paz, justicia e instituciones fuertes.” El ODS 16 puede lograrse eliminando el fraude y la corrupción; estableciendo estructuras eficientes, responsables y transparentes a todos los niveles; manteniendo el acceso público a la información; y protegiendo las libertades fundamentales en cumplimiento de la legislación nacional y los acuerdos internacionales.
El ODS 16 define varios objetivos que la SAV debe alcanzar para 2030, en consonancia con el valor fundamental de la independencia sostenible. En primer lugar, la SAV pretende mejorar su capacidad operativa y la calidad, eficiencia y eficacia de sus auditorías, a fin de reforzar su capacidad para supervisar el uso de los fondos y activos públicos. En concreto, la SAV pretende mejorar su capacidad para realizar auditorías de resultados y reforzar su mandato legal para permitir un mayor acceso a la información.
En segundo lugar, la SAV tiene previsto convertirse, por fases, en una institución altamente profesional, para seguir el ritmo de la modernización del país sin dejar de adherirse a las normas internacionales y las mejores prácticas. SAV se centrará en construir su infraestructura digital e implantar la automatización para apoyar sus actividades.
